REBELIONES EN AMÉRICA LATINA: PerÚ 

Quiero situar la exposición en el actual momento de crisis política que vive el Perú y que evidencia un agotamiento de la hegemonía neoliberal que se instaló con el autogolpe fujimorista de 1992, se legitimó con la Constitución de 1993 y fue continuada por los gobiernos que sucedieron al régimen fujimorista. Expresión de esta crisis es que fue disuelto el Congreso y que existe una convocatoria a elecciones complementarias extraordinarias, que nunca se había llevado a cabo en el país. Además, tenemos a los cuatro ex presidentes elegidos democráticamente involucrados en denuncias de corrupción, uno preso, otro se suicidó, otro detenido en EEUU y el ultimo con prisión domiciliaria. Vivimos una crisis política en la cual también se han desarrollado movilizaciones ciudadanas que, aunque no terminan de convertirse en estallidos como ocurre otros países de América Latina, si han sido claves para interpelar al régimen y van a ser decisivas en las posibilidades de abrir un nuevo momento político como salida a esta crisis.

Creo que es importante situar esta crisis del modelo neoliberal impuesto en 1992 desde las repercusiones de la fallida transición democrática el 2001, donde el régimen constitucional continuó prácticamente intacto. Esa Constitución en materia económica privatizó todo lo que se pudo y copió el modelo chileno, en aspectos como el sistema de pensiones imponiendo las cuestionadas AFP, aunque en Perú a diferencia de Chile hace unos años se flexibilizó al permitir el retiro de fondos. Ese modelo se impuso con su respectiva dosis de autoritarismo en medio de la dictadura fujimorista, y también con ideólogos como Hernando de Soto, que promovían esta ideología emprendedora que caló fuerte en medio de una crisis política generalizada por el conflicto armado interno y la hiper inflación que permitieron al fujimorismo avanzar en términos de privatización del Estado y desmovilización social. Esto coincide además con el ingreso de grandes capitales especialmente en la industria extractiva (minería y petróleo) por los altos precios de los commodities. La hegemonía neoliberal sobrevive a la caída del fujimorismo el 2001 y aquí destaca la habilidad de las élites para reacomodarse y sacrificar a Fujimori en ese entonces o más recientemente a PPK para conservar su poder. La CONFIEP ha sido hábil en controlar el poder y cambiar de operadores políticos, lo hemos visto ahora con las revelaciones acerca de los millones de dólares que meten en las campañas de Keiko y otros candidatos que los mantienen a flote.

Pero en medio de esta hegemonía neoliberal que se impuso, permanentemente se han producido también respuestas desde la sociedad, se han desarrollado constantes impugnaciones al modelo y movilizaciones con resultados concretos. Por ejemplo, la ley de flexibilización juvenil en Perú fue frenada por una movilización muy fuerte conocida como la lucha “Pulpín” (así se les decía a los jóvenes trabajadores) que logró que esta ley se derogara. También han estado muy presentes la lucha de las comunidades indígenas y campesinas ante el avance de la política extractiva, destacando el movimiento indígena amazónico, que logro con el Paro Amazónico del 2009 conocido por el Baguazo que logró que se derogaran los decretos que concesionaban la Amazonía o las protestas en torno al proyecto minero Conga en Cajamarca. Todas estas movilizaciones son reprimidas además con un nivel de violencia muy fuerte con altos costos en términos de vidas humanas y no por eso han dejado de producirse; hace poco hemos tenido la movilización en el Valle del Tambo Arequipa ante las consecuencias que tendría desarrollar el proyecto minero Tía María.

De otro lado, este momento de la crisis política, un elemento decisivo en el desgaste de la hegemonía neoliberal es el problema de la corrupción, el develamiento de la estructura de corrupción que fue organizado por las élites políticas, a partir del control de distintos poderes del Estado peruano. El caso Odebretch ha sido decisivo en ese develamiento de lo extendido de la corrupción en los poderes el Estado y llevo a la renuncia de Kucinzky y a también a las investigaciones contra ex presidentes como Alan García y Ollanta Humala, todos involucrados a millonarias coimas y sobornos a cambio de favores en la concesión de obras públicas. Luego aparecieron denuncias al parecer certeras que involucran a la misma Keiko Fujimori y diversos personajes de su partido por haber recibido millonarios aportes para su campaña electoral. Todas estas denuncias y los procesos judiciales en curso han develado las mafias y lobbies que han controlado el Estado, generando un gran rechazo en la gente hacia los políticos en general.

Vivimos entonces un momento de crisis política y agotamiento de la hegemonía neoliberal en el cual hay movilizaciones y respuestas que impugnan ese orden, pero donde también prima una gran desafección y un malestar ciudadano con la clase política generalizado e incluye a la izquierda. Eso nos lleva a plantearnos si es posible un escenario de estallido similar al de Chile o Colombia. Yo creo que la situación es distinta, hemos tenido un catalizador muy importante en la lucha contra la corrupción pues los últimos meses se ha tenido momentos de movilización para defender los procesos de lucha contra la corrupción y exigiendo sanción contra los principales corruptos. En esa línea, el cierre del Congreso fue un catalizador clave porque ahí se concentraba la clase política más rechazada por la población, empezando por este segundo fujimorismo liderado por la hija de Alberto, Keiko Fujimori. Y junto a ese catalizador que es la lucha contra la corrupción también está la realidad de un país con un nivel de informalidad tremendo que alcanza a cerca del 70% de la población, que expande la oferta laboral y amplía la oferta de servicios baratos de salud y educación, aunque de pésima calidad. Esto desdibuja al Estado como blanco de las protestas porque se espera poco o nada de él y cada quien resuelve como puede… No digo que un escenario de estallido este descartado, hay también un sector político social que insiste en plantear la demanda de nueva constitución que ha ganado espacio en medio de la crisis

Para finalizar, una pregunta que nos hacemos es ¿Qué salida tendrá finalmente esta crisis? Porque la crisis sigue latente y lo más probable es que las elecciones del 2021 sean un hito en su resolución. En esa línea, una salida probable es que pueda configurarse una opción continuista, neoliberal y autoritaria, porque justamente quienes han cobrado protagonismo últimamente son las iglesias evangélicas y sus plataformas, como “Con mis hijos no te metas”, que tienen un proyecto político y aspiran a tener una bancada propia. También puede ser una salida más bien liberal continuista, alguien que le brinde un nuevo aire al modelo neoliberal estilo Julio Guzmán. Pero la crisis puede tener un horizonte democratizador, que ponga en cuestión o pueda trascender los marcos actuales del neoliberalismo y proponga cambios sustantivos; hay espacio para una salida democrática y popular que abra un nuevo ciclo. En esa lucha creo que están los movimientos sociales y deberían estar las izquierdas, porque se ha demostrado que la derecha peruana tiene mucha habilidad para recolocarse, mantener sus intereses, y creo que es parte de la discusión, lo que repercute en Latinoamérica puede tener un efecto positivo en las nuevas posibilidades.

Notas:

[1]  Doctora por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Coordinadora de relaciones internacionales del Movimiento Nuevo Perú. Profesora en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM).Investigadora del Instituto de Estudios Peruanos. Ha desarrollado investigaciones sobre desigualdad, conflicto y representación política en el Perú, con particular énfasis en movimientos sindicales e indígenas