Octubre en Ecuador

Por Santiago Ortiz [1]

Ecuador tuvo 11 días de un paro indígena y popular que paralizó y conmocionó al país, señalando una inflexión tanto en la consistencia y legitimidad del gobierno y su política neoliberal como en los actores y la movilización popular.

Este acontecimiento tiene como antecedente el cambio en las relaciones de fuerza en el último periodo del gobierno de la Revolución Ciudadana (2013- 2017) cuando empieza a debilitarse Correa y su discurso reformista. En un artículo anterior, señalaba que ese debilitamiento se manifestó en la pérdida electoral de Alianza País en las elecciones locales el 2014, en la movilización de la derecha con la marcha de las Banderas Negras en el 2015 y la crisis económica por la baja de los precios del petróleo. Entonces se produce un cambio de correlación de fuerzas en donde la derecha entra a la reconstrucción de su bloque que, si bien no logra vencer en las elecciones presidenciales del 2017, sí consigue cooptar al presidente Moreno, que fue candidato de la Revolución Ciudadana. Moreno realiza un giro apenas asume el gobierno conformando su gabinete con representantes del empresariado, estrechando relaciones con Estados Unidos que incluyen la entrega de Assange en la embajada de Londres y cogobernando con partidos de las elites como el Partido Social Cristiano, con la adhesión de los medios de comunicación. Moreno asume el discurso de la derecha: re institucionalizar el país, enfrentar las arbitrariedades del “autoritario” de Correa y la corrupción.

En ese marco el gobierno de Moreno busca acercar a sectores populares maltratados por Correa, pues no es un secreto que el gobierno de la Revolución Ciudadana golpeó a organizaciones populares importantes y no tuvo una política de integración de esas organizaciones al proceso. Para el gobierno la organización popular era un elemento prescindible, pues lo que contaba era el protagonismo del Estado para que éste haga las reformas sin integrar un bloque popular que las respalde. La CONAIE y la Unión Nacional de Educadores, entre otros fueron maltratados por Correa y entraron en negociación con Moreno para recuperar una serie de espacios perdidos. El segundo año se hizo un referéndum que habilitó a Moreno para reestructurar institucionalmente el país, desmontando los cambios que se habían dado desde la Constituyente del 2008. Se trataba de descabezar las distintas funciones del Estado con el discurso liberal de la independencia de poderes y la libre expresión. Si bien Moreno divide el partido Alianza País y logra desalojar al correísmo del poder, no logro una “reinstitucionalización”, pues lo que se configura es un remedo de estado de derecho, donde desaparece cualquier autonomía de las funciones del Estado, pasando el legislativo y los organismos de control a depender del ministerio de Gobierno y policía. Además, la firma del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, llevó a deteriorar la relación con los gremios y la ruptura con la CONAIE.

Al finalizar el segundo año de gobierno se hizo notorio el desgaste de Moreno y del régimen. El programa social con el que había triunfado Moreno no se cumplía, se mantenía una crisis económica desde el 2015, con políticas de ajuste que provocaban aumento de la pobreza y el desempleo, en medio del modelo de dolarización. Se produce el síndrome del “vértigo”: el quintil más alto defiende su posición en medio de la crisis, el quintil de sectores medios percibe el riesgo de caer hacia abajo, los grupos vulnerables sienten el peligro de volver a la pobreza y los pobres se ven en condiciones de sobrevivencia. Esa incertidumbre generó un desgaste que llevó a Moreno del 60% de popularidad a un 15% los últimos meses. A esto se suma el intento fallido de Moreno por sustituir el fuerte liderazgo del anterior presidente: Correa era el timonel de un ferrocarril que llevaba al Ecuador al progreso, Moreno no tenía ningún proyecto coherente ni capacidad de reemplazar ese liderazgo.

En esas condiciones se dicta el Decreto 883 que elimina los subsidios a los combustibles, lo que provoca el aumento de los precios de la gasolina. Ante ello los primeros que reaccionan son los sindicatos de transporte. Estos son uno de los pocos gremios no afectados por Correa, que demostró su fuerza paralizando el país el 3 de octubre; aunque el gremio negocia con el gobierno el día siguiente, ya rompe la válvula del descontento, siendo el movimiento indígena el que toma la posta.

Este movimiento había estado replegado y fraccionado en los 10 años del mandato correísta, pero logró rearticularse y lideró el Paro en contra del aumento de los combustibles. Pero junto al movimiento indígena hubo estudiantes, mujeres, barrios, pobladores, pueblos y ciudades de provincia, que lograron paralizar el país durante 11 días. Hay que señalar que el movimiento indígena conducido por la CONAIE no es el mismo del que paralizo el país en el primer levantamiento de 1990. Es una nueva generación que son los “hijos del levantamiento”, que ya no son solo campesinos, son jornaleros de la construcción, vendedores ambulantes, comerciantes de alimentos en las ciudades, que han sido golpeados por la crisis. Sin embargo, es un sector con una fuerte identidad, que asumen un discurso étnico entrelazado con un discurso más popular, más “ecuatoriano”. La dirigencia es también más joven, más moderna que sus padres, pero menos experimentados en los meandros de la negociación burocrática con el Estado. Por ello es que esta dirigencia y esas nuevas bases fueron firmes en defender la derogatoria de las medidas y no aceptaron los ofrecimientos de programas de desarrollo rural del gobierno.

También hay que tomar en cuenta que los indígenas actuaron de manera impulsiva, pues si bien la CONAIE resolvió convocar a un paro para mediados de octubre, las bases ya se habían adelantado desde el día 3 de octubre y prácticamente el lunes 7 ya estaba paralizado el país. Se trató de una movilización impulsada desde un tramado comunal y territorial, que mantuvo el movimiento pese a los ataques de Correa, trama que también se ha trasformado pues son redes que actúan a lo largo y ancho del país, en el campo y las ciudades, en la costa y en la sierra como en la Amazonia. Además, son redes que están sustentadas en estructuras de poder local que se han mantenido en estos años, desde las juntas parroquiales, los municipios y los gobiernos provinciales.

Hay que señalar que el repertorio de acción asumió tanto la forma “levantamiento” utilizado tradicionalmente por el movimiento indígena -con cortes de vías, movilizaciones locales y tomas de edificios públicos- cuanto las formas de lucha urbana de mítines y fogatas de los estudiantes, movilizaciones de los barrios, utilizado anteriormente como la “guerra de los cuatro reales” de Quito o formas de paro laboral. El despliegue de la lucha por todo el país revela que el paro fue un paro nacional y popular, aunque su nodo estuvo en Quito, en la marcha indígena del miércoles 9, en la continua confrontación con la policía en el parque del Arbolito, cerca del centro histórico de la capital, como en la asamblea comunal del Ágora de la Casa de la Cultura, que se convirtió en la esfera pública donde se delibero sobre la orientación del paro, con más de 5000 representantes indígenas.

La respuesta represiva con el Estado de Emergencia y los toques de queda, rompió los parámetros acostumbrados en el país y estimulo una mayor movilización. Hubo 11 muertes, más de 1000 detenidos y otros tantos heridos. Fue una respuesta en donde el ejército custodiaba los puntos estratégicos y la policía se encargaba de masacrar al pueblo. En ese lapso aparentemente hay una reacción diferente de las FFAA y la Policía. Aparentemente fueron las FFAA los que presionaron al gobierno para que se negocie un diálogo, dado que el escenario de convulsión social se estaba profundizado en el país.

Luego de 10 días de paralización, cuando el apoyo popular se expresó en ruidosos cacerolazos, la Asociación de Municipalidades, la Iglesia Católica y Naciones Unidas actuaron de “buenos oficios” para buscar un dialogo entre las partes, que al final se realizó ante la televisión en día 13 de octubre, escenario exigido por los indígenas para que se trasparente la negociación ante la población. Con ello se consiguió el retiro del decreto 883, y se abrió una posibilidad de tratar otros temas como la justicia ante las violaciones a los derechos humanos, la permanencia o no de los ministros responsables de la represión, el programa acordado con el FMI, etc. Pero el dialogo no continuo, pues lo que se produjo el día 13 fue en realidad una tregua, pues el gobierno siguió con su agenda económica y de persecución a los líderes del paro e incluso a dirigentes políticos de la oposición, en particular del correismo, acusados de haber instigado el “vandalismo”.

Algunas conclusiones: el bloque de la derecha salió cohesionado en torno a una agenda de reformas acordada con el FMI y la agenda represiva contra el pueblo, pero tiene un problema de representación política sin resolver dada la debilidad de Moreno. El programa neoliberal perdió consenso rápidamente en la población, a poco tiempo de anunciado. Hay también una reforma institucional en marcha cuyo punto de llegada es una democracia simulada y una deriva autoritaria. Los sectores populares se encuentran fraccionados, por un lado, el movimiento indígena que salió legitimado, y por otro el sector correista de la Revolución Ciudadana que cuenta con un importante voto duro potencial, pero que salió golpeado por la prisión a sus dirigentes. Si bien en la movilización actuaron los dos, la herida entre esa corriente indígena y nacional-popular se mantiene abierta. Los dos tienen dificultades en el futuro, pues el movimiento indígena ha demostrado en el pasado dificultades de rebasar su identidad como movimiento étnico y social y conformarse como un movimiento político que luche por el poder. Por otro lado, la corriente popular correista vive un sentimiento de orfandad dado que su líder está en Bruselas y no tiene una estructura orgánica y política consistente. Otros sectores como los actores territoriales y ambientalistas o el movimiento feminista, se han movilizado activamente en los últimos años por sus demandas, afirmando su identidad, pero no parece interesarles conformar frentes de carácter político.

Notas:

[1] Doctor en Ciencias Sociales, FLACSO SEDE ECUADOR, Profesor de FLACSO en el área de sociología política -populismo, ciudadanía y movimientos sociales-. Estudia la relación movimiento indígena-movimientos sociales-régimen de la Revolución Ciudadana 2007-2017.

[2] Ver artículo de Verónica Gago, 2019, La nueva contra-insurgencia en América Latina https://alicenews.ces.uc.pt/index.php?lang=1&id=27528