DESDE ECUADOR (9 DE OCTUBRE)

Por Daniel Kersfeld

A continuación, los aspectos principales de mi último análisis político:

Según datos oficiales del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, en junio 2019, la pobreza a nivel nacional se ubicaba en 25,5% y la pobreza extrema en 9,5%. En el área urbana la pobreza llegó al 16,8% y la pobreza extrema a 5,6%. Finalmente, en el área rural la pobreza alcanzó el 43,8% y la pobreza extrema el 17,9%.

Las organizaciones que conducen la marcha no pertenecen directamente al espectro partidario: la CONAIE y en menor medida, la FUT expresan la creciente desestructuración política institucional que afectó al espacio de las izquierdas.

El correísmo tiene una relación compleja y de tensiones con el movimiento indígena: de hecho, la relación entre ambas expresiones políticas nunca fue fácil y, sobre todo en los últimos años del gobierno de Correa, se caracterizó por los desencuentros o por una conflictividad directa.

Hasta el momento no se ha visto el interés de la CONAIE por sumar al correísmo a su protesta, aunque los principales referentes de la Revolución Ciudadana (empezando por el propio ex Presidente) han dado su apoyo personal a la movilización indígena.

La principal ventaja que tiene el gobierno en este momento es que más allá del reclamo puntual en contra de las medidas adoptadas, y al menos por ahora, las organizaciones opositoras no han creado una agenda política. De igual modo, no hay mayor articulación con el correísmo. Los reclamos para que Moreno abandone el cargo son radicales y pertenecientes a una minoría de los manifestantes. Esto no significa que esta situación pueda cambiar en los próximos días.

La gran pregunta tiene relación con lo que sucederá en los próximos días frente a dos actores, el gobierno y la CONAIE-FUT que en principio no están dispuestos a negociar y a bajar sus medidas y sus respuestas.

Como se pudo apreciar a partir de las últimas elecciones seccionales de marzo de 2019, el país se encuentra en un empate de fuerzas, donde más allá de la debilidad creciente del gobierno, todavía no hay ninguna organización que pueda imponerse en la escena política ecuatoriana. El gobierno, en este sentido, tiene una capacidad de negociación cada vez más limitada.

El adelantamiento de elecciones, sobre todo reclamado por Correa, puede ser leído como una válvula de escape momentánea, pero lo cierto es que en caso de que éstas se produjeran, la deuda social y económica del próximo gobierno sería enorme e implicaría un rápido desgaste si en un corto plazo no pudiera ampliar sus bases de legitimación y de respaldo político y social.

Se percibe un desgaste de la clase política ecuatoriana, y la ausencia de figuras capaces de garantizar, al menos, un mínimo sentido de gobernabilidad: las principales figuras políticas suman adhesiones, pero también un importante caudal de rechazo.

En este sentido, se mantiene el interrogante sobre qué sucedería frente a una eventual renuncia del Presidente más aun tomando en cuenta antecedentes como los de Jamil Mahuad en 2000 y Lucio Gutiérrez en 2005.

DESDE ECUADOR (13 DE OCTUBRE):

El actual conflicto en Ecuador comenzó a principios de octubre motivado principalmente por la quita del subsidio estatal al combustible (Decreto 883) y, consecuentemente, por su inevitable suba y, de manera correlativa, por el aumento general del costo de vida.

Posiblemente, los actores centrales en este conflicto hayan subestimado la capacidad de actuación del otro.

El gobierno no pensó que la CONAIE arrastraría a Quito a más de 20 mil indígenas fundamentalmente de la Sierra (y eso sin contar otras movilizaciones en otras ciudades del país), ni tampoco que tendría energías suficientes para afrontar una huelga de tantos días de duración, y que mostraría tanta capacidad para la realización de acciones simultáneas en todo el país.

Por el lado del movimiento indígena, igualmente, se subestimó la capacidad de respuesta por parte del gobierno: el nivel de represión de los últimos días es inédito en la historia de un país trazado por reiteradas convulsiones sociales.

Pero inevitablemente la movilización encabezada por el movimiento indígena y la capacidad represiva desde el gobierno han empezado a mostrar signos de debilitamiento y de reprobación creciente por parte de aquellos sectores que optaron por mantenerse por fuera del conflicto.

A partir de la asamblea realizada el pasado jueves 10 en la Casa de la Cultura, el movimiento indígena llegó a su punto límite en cuanto a sus exigencias y demandas. Así, pudo percibirse que desde allí se pasó de una estrategia ofensiva a un repliegue táctico frente al avance de las fuerzas de seguridad. Así, la CONAIE constituye ahora un actor cifrado más en una “ética de la resistencia”, que en una fuerza política capaz de torcer de manera directa la voluntad del gobierno: la legitimidad de su protesta se sitúa en su condición histórica de miseria y atraso, en el estigma político y social, y en estos días también en una cantidad creciente de muertos y heridos, cuyo número final todavía sigue siendo indeterminado.

El correísmo también ha perdido fuerza política y asume sobre todo una incidencia a nivel discursivo. El relato del oficialismo que lo señala como responsable de los desmanes, en alianza con Venezuela, con Cuba, y últimamente también con las FARC (entre otros grupos y actores), solo parece ser asimilado por aquellos ultras (muchos pertenecientes a las clases medias) que ya tenían una clara aversión hacia la figura del ex Presidente. Hoy el correísmo se encuentra desbandado, sin coherencia interna y con una prédica que oscila entre el recurso institucional (muerte cruzada, disolución de la Asamblea y convocatoria anticipada a elecciones) y el más simple e infantil llamado al desconocimiento inmediato del gobierno.

Por su parte, el gobierno de Lenin Moreno ha optado por una salida pretoriana y por recostarte ante las Fuerzas Armadas en su intensión de recomponer el orden social. La capacidad de coerción frente a los manifestantes en Quito, la imposición del toque de queda y del estado de excepción y, sobre todo, la militarización general de la seguridad constituye un factor político novedoso, pero también preocupante en la actualidad y en la futura escena política del Ecuador.

Si bien la elección por la vía militar pudo tener un costo político, es probable que haya sumado una valoración positiva, sobre todo, para las clases medias (hoy sin claros referentes políticos) y, más ampliamente, por todos aquellos trabajadores que se ven afectados en sus labores cotidianas por el paro, la falta de transporte y el conflicto en las calles y que ansían una pronta respuesta por parte de las autoridades.

De manera simultánea, el gobierno optó por perder legitimidad ante los manifestantes, pero en cambio apostó a fortalecerse mediante la imposición del orden ante determinada opinión pública. El tiempo dirá si esta estrategia fue conveniente o no. En todo caso, podría tratarse de una ganancia vital para el sostenimiento del gobierno en el tiempo, mostrando control de la situación, y en un momento propicio cuando otros dirigentes con ambiciones presidenciales están ausentes o en cambio equivocan su estrategia.

Buena parte de la CONAIE y en general de los manifestantes ya no se contenta con la derogación del decreto de aumento del combustible y va directamente en contra del FMI. Con el antecedente del caso argentino, ¿las autoridades y técnicos del FMI estarían dispuestos a revisar el caso ecuatoriano? Hasta el día de hoy, no hay declaraciones sobre este punto.

Un nuevo mensaje presidencial este sábado por la noche reiteró la política bifronte entre la convocatoria al diálogo y el sostenimiento del toque de queda, junto al análisis de diversas medidas ahora en observación. Tal vez, efectivamente, el gobierno esté dispuesto a dar marcha atrás a los subsidios a los combustibles, pero eso no elimina la posibilidad de ajustes en otras áreas en un futuro inmediato. El bajo precio del petróleo, la dolarización y en general la precariedad hacen todavía más vulnerable a la economía ecuatoriana.

Dos elementos finales a ser resaltados. En primer lugar, el notable impacto generado en la noche del sábado por la protesta del “cacerolazo”, generada desde las redes sociales, mucho más efectivas a la hora de publicitar y de sumar voluntades que los anquilosados canales, emisoras y diarios tradicionales, los que hoy conforman un verdadero “cerco mediático”.

Por último, se debe mencionar el anuncio para este domingo de un primer encuentro entre ambos sectores en pugna, lo que sin duda aumenta las esperanzas sobre alguna forma de resolución de este conflicto.

DESDE ECUADOR (análisis de la situación N° 3-14 DE OCTUBRE):

Con la derogación del Decreto 883, la CONAIE se convirtió en el actor triunfante en todo este conflicto. En la transmisión televisada del diálogo por la paz (gran acierto estratégico de este movimiento) tuvo su victoria al exhibir “sentido común”, contrarrestado con los argumentos técnicos del Ministro de Economía, los que sonaron alejados de la realidad y, sobre todo, del fondo del conflicto que se estaba deseando superar.

Pareció claro que aun con todas las críticas del caso, la presidencia de la CONAIE no quiso romper el diálogo con Lenin Moreno: las críticas fueron dirigidas, sobre todo, hacia sus ministros (una nueva aplicación de la ya tradicional “teoría del entorno”).

De todos modos, el triunfo de la movilización no fue completo: no hubo siquiera una reprensión moral desde el gobierno hacia la actuación de militares y policías. Tampoco hubo respuesta hacia el pedido de salida a los ministros del Interior y de Defensa. El reclamo inicial por el alza del combustible en principio fue atendido y con eso el gobierno dio por cerrado el conflicto. La CONAIE aceptó lo ofrecido por el gobierno, pero en el medio, pareció olvidar el reclamo por sus derechos humanos, por sus muertos y sus heridos.

Así, lo que empezó como un reclamo más bien sindical, vinculado al costo de vida, terminó también como un reclamo sindical. A favor de la CONAIE habría que confirmar que siempre mantuvo esta línea de acción, y que más allá de lo que analistas y dirigentes quisieron ver, la organización nunca tuvo ni la intención de remover a Moreno de su cargo, ni mucho de iniciar una rebelión popular que terminara en un proceso claro de insurrección.

Pero, en algún caso, ¿ganó el gobierno? Sí, posicionándose en el siempre tan inestable “centro político”. Pese a la derrota frente a la CONAIE, apareció públicamente como un “actor racional”, capaz de enfrentar a su contendiente, y con voluntad para acordar, a diferencia de las dos posturas políticas antagónicas.

Por un lado, la derecha socialcristiana de Jaime Nebot quien propició actitudes racistas, clasistas y xenofóbicas, y que al convertir a Guayaquil en su bastión lo evidenció como una simple figura de alcance municipal, antes que como un candidato con arrastre nacional y con serias posibilidades de llegar a la presidencia.

Por el otro lado, la izquierda representada por Rafael Correa, el otro gran perdedor en un proceso de movilización social en el que no sólo no consiguió hacer pie en ningún momento, sino que sus apariciones fueron altamente cuestionadas por aquellos dirigentes del movimiento indígena que habían sido reprimidos bajo su gobierno.

Hoy el presidente Moreno se encuentra seriamente debilitado y sus principales cuadros políticos están severamente impugnados por buena parte de la opinión pública. Con todo, difícilmente les pida la renuncia, ya que ellos mismos asumieron la necesidad de la “paz social” y de cumplir así con el máximo mandato de la gobernabilidad (y de la imposición del orden por la fuerza, claro está).

Ahora bien, algunas cuestiones que quedan pendientes y sin respuesta:

1) Dado de baja el Decreto 883, ¿de qué manera el gobierno reducirá su déficit fiscal? En este sentido, nada se dijo sobre la viabilidad del acuerdo con el FMI, que todavía se mantiene vigente, y sobre sus imposiciones a nivel nacional.

2) Dentro del actual esquema de seguridad, ¿qué hacer con las Fuerzas Armadas? La participación militar en la represión del movimiento de protesta generó un peligroso antecedente en Ecuador. Más aun frente a la negativa del gobierno a condenar actos repudiables (como el lanzamiento de granadas de gas en las universidades donde estaban alojados los manifestantes) limitándose a tratarlos como “excesos” justificados, además, por los otros “excesos” cometidos por el movimiento de protesta (quema de la Contraloría, daños en el patrimonio urbano, etc.).

3) La pregunta más importante: ¿cómo sigue adelante el gobierno? Más allá de la disposición de la CONAIE a clausurar este ciclo de protestas una vez derogado el decreto, nada hace suponer que finalmente se haya llegado a una suerte de acuerdo de convivencia con el gobierno.

Resta ver, ahora, cómo se prepara Lenin Moreno para aumentar su capital político no en función de una hipotética reelección para un nuevo mandato, sino para al menos concluir su actual gestión de la mejor manera posible. En un panorama tan inestable como éste, la apuesta por la supervivencia política adquiere siempre un sentido prioritario.

La investigación en torno a dirigentes de la debilitada y fragmentada oposición de izquierda (esto va más allá del correísmo), y su eventual detención frente a la acusación de desestabilización con apoyo externo (léase Venezuela y Cuba, asunto que también se tratará en la OEA en los próximos días), podría ir justamente en esa dirección.

DESDE ECUADOR (Análisis de la situación N° 4) 17 DE OCTUBRE:

Hasta el domingo pasado, la grieta en Ecuador aparentaba ser entre el gobierno y la CONAIE. Hoy en cambio, la CONAIE colabora activamente con el gobierno para definir los aspectos fundamentales del nuevo decreto que reemplazaría al 883 con el que se eliminó el subsidio a los combustibles.

Así, el gobierno obtuvo un imprevisto aliado en la nueva implementación del acuerdo con el FMI, lo que sin duda contribuye a darle una legitimación y una profundidad social que antes no tenía. Y la CONAIE aceptó el papel de contraparte “dialógica”, para entonces analizar cómo se procedía a aplicar un ajuste que en principio a ella no la perjudicaría o no debería afectar considerablemente a sus bases.

Ahora bien, y más allá de lo ocurre a nivel local, también resulta llamativo lo que tiene lugar en el frente externo. El martes tuvo lugar una reunión extraordinaria en el marco de la Organización de Estados Americanos (OEA). La convocatoria, impulsada por Ecuador, tuvo como primer objetivo la obtención de un claro respaldo a la democracia y a la paz, según el título del documento aprobado. Pero también se pueden señalar otros objetivos y consecuencias:

1) Obviamente, sumar apoyos frente a denuncias de entidades como Amnesty International que criticaron duramente el accionar represivo durante los días de protesta. En este sentido, el éxito fue total ya que prácticamente todos los países saludaron la paz alcanzada en Ecuador como un logro y un mérito del gobierno de este país.

2) Reactivar políticamente a la OEA y ayudar también a su secretario general, Luis Almagro, dándole una conveniente vidriera para su mejor posicionamiento público, ahora que se encuentra embarcado en una difícil campaña para su relección en el cargo.

3) Por último, y esto es lo más importante, se avanzó en generar una alerta internacional de que lo que le ocurrió a Ecuador puede sucederle a cualquier otro país que marque públicamente sus diferencias con la Venezuela de Nicolás Maduro. En este sentido, los embajadores de Estados Unidos, Brasil, Paraguay, Chile, Honduras y Colombia expresaron su preocupación por la posibilidad de que una “injerencia foránea” pretenda desestabilizar las democracias en América. En tanto que el delegado de Juan Guaidó señaló que el responsable último de la crisis en Ecuador era “el gobierno usurpador de Nicolás Maduro”. Como mencionó Luis Almagro al concluir esta sesión: “las brisas bolivarianas (no son) bienvenidas en el continente americano”.

Una vez que el gobierno y la CONAIE colaboran en la puesta en marcha del nuevo plan económico impulsado por el FMI, reaparece una antigua grieta, de carácter primordial, que todavía da sentido al inicial giro político de Lenín Moreno.

La línea discursiva planteada por el gobierno en la OEA termina de precisar el momento que hoy vivimos: en definitiva, todo se trató de una fallida estrategia promovida desde el correísmo con apoyo logístico y financiamiento de la Venezuela de Nicolás Maduro. De nuevo, sin que se mencionaran evidencias concluyentes sobre este esquema cooperativo, se enumeró una serie de características de la “batalla de calles” que, por su grado de coordinación, sofisticación, operatividad y alcances, únicamente podría ser atribuible al desempeño venezolano (y seguramente con colaboración cubana). Dicho de otra manera, los indígenas que protestaron la semana pasada no podrían haber tenido la capacidad técnica ni el sentido estratégico requerido para lograr tal conmoción social y política en el Ecuador.

En consecuencia, hoy el correísmo sufre un segundo golpe político, prácticamente demoledor, en menos de dos semanas: si primero fue marginado del escenario de la protesta por quienes lideraron la revuelta, hoy tiene un renovado frente de conflicto con el gobierno, que ha llevado a la detención y al pedido de asilo político en la embajada de México a varios de sus principales dirigentes. Esta situación sólo se sostiene por un gobierno que aun en su debilidad, sabe aprovechar el clima de impopularidad y de deslegitimación que sufre el correísmo desde hace años en amplios sectores de la sociedad ecuatoriana.

El argumento de la nueva oleada anticorreísta no deja de ser novedoso, ya que en este momento no se investiga a sus referentes por casos de corrupción o por malversación de fondos públicos (que había pasado a ser lo común no sólo en este país), sino por el intento de golpe hacia el gobierno en complicidad con fuerzas externas a la nación… O, dicho en otros términos, por desestabilización y por traición a la patria.

La ciudadanía, por supuesto, asiste expectante y con creciente miedo a una dinámica política que promete todavía más sorpresas y más derivaciones imprevistas, ya que como el mismo presidente Moreno dijo en su pronunciamiento público del martes, el pueblo “sabe perfectamente que la violencia puede volver”.

En función de lo mencionado resulta más que pertinente mencionar al historiador francés Jacques Heers (1924-2013), quien en “La invención de la Edad Media”, afirmaba lo siguiente:

“Observemos, en todo caso, que las altas murallas levantadas con grandes costes, hacen inevitablemente de la ciudad un mundo cerrado, tan protegido y tan vigilado como el castillo más arrogante de los señores feudales. Las ciudades veían en esas murallas, cuya construcción se comía una parte importante de sus recursos, una defensa eficaz contra los ataques armados; no sólo contra los invasores del extranjero sino, más bien y en definitiva, contra las empresas astutas e inopinadas de los rebeldes exiliados, de aquellos a quienes las crónicas denominan, lisa y llanamente, el ‘partido de fuera’. La ciudad mercantil vivía día tras día con la obsesión por la traición y por el complot, con las sospechas y las guardias reforzadas, con las delaciones, los encarcelamientos y las ejecuciones de los cómplices o supuestos cómplices colmados de injurias, de los enemigos ‘del pueblo y del partido’, enemigos de la paz, ‘lobos rapaces’, bestias inmundas…”.

De este modo, la habilidad del gobernante para mantener y acrecentar su capital político no se basaría en cerrar grietas, si no en saber cerrar y (re)abrir nuevas grietas, distintas a las anteriores, según su conveniencia y necesidad.